El Gobierno de Javier Milei disolvió, mediante un decreto, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada por el propio presidente para investigar su vinculación con la megaestafa internacional de la criptomoneda $Libra, promovida por él a través de sus redes sociales.
La medida quedó formalizada este martes mediante el Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente argentino y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La UTI, que operaba bajo la órbita de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, tenía como objetivo recopilar información de diversos organismos estatales, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central, la Secretaría General de Presidencia (área a cargo de Karina Milei) y la Oficina Anticorrupción, entre otros.
Según se informó en el Boletín Oficial, la comisión presentó un informe al Ministerio Público Fiscal, lo que motivó su disolución.
El 14 de febrero, un tuit del presidente Javier Milei que promocionaba la criptomoneda $Libra desencadenó una especulación masiva. La publicación hizo que el valor de la moneda se disparara de 0,216 a 5,54 dólares en horas, con un volumen de operaciones que alcanzó los 1.500 millones de dólares. Sin embargo, el precio colapsó abruptamente cuando los desarrolladores retiraron los fondos, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar su dinero.
Tras el escándalo, Milei eliminó el mensaje y afirmó que solo había «difundido» el proyecto. No obstante, análisis de la cadena de bloques demostraron que grupos vinculados al entorno presidencial habían adquirido grandes cantidades de $Libra minutos antes de la publicación del tuit.
El Ejecutivo argentino fundamentó la eliminación de la UTI al considerar que este mecanismo creado para la autofiscalización ya completó todos los objetivos establecidos. Según el decreto publicado, los organismos estatales involucrados habrían respondido a todos los requerimientos dentro de los plazos establecidos.
Pese a la supuesta conclusión de la investigación, el Gobierno no ha hecho públicos los resultados ni las determinaciones sobre la responsabilidad presidencial en el caso de la criptomoneda, que dejó pérdidas millonarias a inversionistas.
