Las reformas a la Constitución Política de Nicaragua fueron aprobadas por 91 diputados este 22 de noviembre, para consolidar la base jurídica del Estado y que fortalezca la reducción de la pobreza en este país centroamericano, afirmó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
«Tenemos la responsabilidad hoy de sacar de forma unida un marco constitucional acorde a los nuevos tiempos de seguridad, a los nuevos tiempos de comprensión y de interiorización en todos nicaragüense; independientemente del pensamiento político, que lo primero es la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad, la paz para lograr el bienestar y triunfar en la lucha contra la pobreza», expresó Porras al intervenir ante el plenario.
Las reformas parciales a la carta magna aprobadas en primera instancia, fueron propuestas por el presidente de la República, Daniel Ortega, para incorporar elementos fundamentales acordes al «Estado Revolucionario» y modernizar el conjunto de leyes que rigen esta nación.
El jefe del Parlamento nicaragüense hizo un llamado a las fuerzas políticas a la unidad para enfrentar los «momentos difíciles» que vive el mundo.
«En el mundo se viven momentos particulares, difíciles, especiales. Todo el mundo habla de guerra, nosotros insistimos en todo momento [en] hablar de paz, de unidad, de hermandad, de fraternidad y la Comisión Especial Constitucional [que dictaminó las reformas] se caracterizó por eso, por la unidad, por la hermandad entre los nicaragüenses», expresó Porras.
Los diputados reformaron más de 170 artículos, entre los que se destaca la incorporación de la bandera rojinegra de «la lucha del general de Augusto C. Sandino y Revolución Popular Sandinista» como símbolo patrio.
El texto modernizado hace una inclusión de género desde la Presidencia de la República y modifica en copresidente y copresidenta a la máxima autoridad del Ejecutivo.
Asimismo, se extienden a seis años los periodos para las autoridades electas en la presidencia, la Asamblea Nacional, las magistraturas judiciales y electorales, así como en las alcaldías.
A partir de febrero de 2025, cuando se aprueben en segunda legislatura las actuales reformas, la jefatura de Estado que recae en el Ejecutivo, coordinará a los órganos judicial, electoral, legislativo, de control y fiscalización, así como las instancias regionales y municipales.
Se aprobó además la reducción de 16 a 9 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de 10 a 5 los magistrados del Consejo Supremo Electoral.
