La política de deportaciones masivas impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está generando un clima de miedo y estrés entre la comunidad de trabajadores agrícolas, esenciales para el sector del campo en el país, según reportes de la agencia de noticias Reuters.
En Oxnard, la capital californiana de la fresa, el impacto es palpable. Flor, una migrante mexicana con permiso de trabajo en el campo, relató el angustioso ambiente: «Tenemos personas mayores que trabajan con nosotros y cuando ven pasar a los migrantes por donde trabajamos, se ponen a llorar de miedo. Llevan muchos años aquí y temen ser enviados a sus países de origen».
Esta situación afecta incluso a los hijos de los trabajadores, quienes, como las tres hijas con ciudadanía estadounidense de Flor, viven con la zozobra de una posible detención y deportación de sus padres. «Llegas a casa y las niñas te dicen: ‘Ay, mami, llegaste y no te llevó inmigración’. Es muy triste ver que nuestros hijos estén deprimidos», lamentó Flor, quien con un salario de $2,000 mensuales apenas cubre los gastos familiares, incluyendo un alquiler de $1,250 y $250 semanales de niñera.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump ha reforzado las medidas anti-inmigrantes, lo que ha puesto en alerta a los agricultores estadounidenses, quienes dependen en gran medida de esta mano de obra. Han advertido que las redadas podrían perjudicar seriamente sus negocios y, consecuentemente, amenazar el suministro de alimentos en el país.
Aunque Trump ha mencionado un programa para retener a algunos trabajadores, no ha presentado un plan concreto, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha sido categórica al afirmar que «no habrá amnistía».
Según Reuters, la Administración Trump ha duplicado el número de arrestos de presuntos migrantes irregulares en comparación con el año pasado, aunque las cifras específicas de trabajadores agrícolas no han sido precisadas.
Una lideresa sindical, cuyo nombre no se especifica en el texto original, criticó la intención del Gobierno de deportar a «mano de obra experimentada que lleva décadas trabajando en la agricultura». Añadió que se está trabajando con representantes del Congreso en el proyecto de ley «Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola», impulsado por la congresista demócrata Zoe Lofgren (California) y con apoyo bipartidista, que busca proteger a estos trabajadores.
Sin embargo, su aprobación podría demorarse hasta el próximo Congreso en 2027. «No nos vamos a rendir. Sí se puede», concluyó la lideresa sindical.
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