¿El ICE desembarca en Bolonia? La «seguridad» como ariete del neofascismo para desmantelar la democracia en Italia

Por Geraldina Colotti*

Para quienes insisten en analizar el fascismo del siglo XXI solamente con las categorías estéticas del siglo XX, las alarmas suelen sonar demasiado tarde. Hoy, la reconfiguración reaccionaria del Estado no necesita de marchas paramilitares sobre la capital; le basta con capturar y deformar las instituciones desde dentro, utilizando el concepto de «seguridad» como una doctrina de guerra interna contra la población, la disidencia y la memoria histórica.

Así lo confirma el reciente informe elaborado por la red de organizaciones de derechos humanos Liberties, que sitúa explícitamente a Italia entre los cinco países de la Unión Europea donde los gobiernos están ejecutando un ataque deliberado e intencional contra la democracia. El documento constata el deterioro sistemático del Estado de derecho, la restricción de las libertades civiles y la instrumentalización de las fuerzas de orden público para criminalizar la protesta social y a los sectores más vulnerables.

El síntoma más atroz de esta deriva punitiva se vivió recientemente en Bolonia, con el asesinato de un trabajador de origen marroquí a manos de la policía. Este hecho no puede analizarse como un episodio aislado o un «exceso individual», sino como el resultado lógico de una atmósfera de impunidad y perfilamiento racial institucionalizado.

La pregunta surge de manera inevitable entre los movimientos sociales: ¿está desembarcando la lógica del ICE estadounidense —el organismo represivo y xenófobo por excelencia— en el corazón de la Emilia Romaña que un día fue emblema de la resistencia antifascista? La doctrina de la «tolerancia cero», dirigida contra la clase trabajadora migrante, transforma el derecho penal de acto en un derecho penal de autor: no importa lo que hagas, sino quién eres.

La secuencia física de la agresión remite de forma inevitable al asesinato de George Floyd: el cuerpo de Abderrahim Fakir fue aplastado bocabajo contra el asfalto, inmovilizado bajo la presión de los agentes mientras sus suplicas de «¡Auxilio, basta!» se extinguían progresivamente. Todo ello ante la mirada paralizada de los transeúntes y la inacción de los propios servicios sanitarios, impotentes o cómplices ante la violencia del uniforme. Un escenario de agonía en directo que retrata a una sociedad anestesiada por la retórica de la «seguridad», donde el arbitrio policial se ejerce con impunidad a plena luz del día.

A la par de la violencia estatal directa, el sistema judicial y mediático consagra la privatización de la violencia reaccionaria. El llamado «caso Roggero» —el joyero que persiguió y ejecutó a dos atrancadores en la calle y que ha sido transformado en héroe por la narrativa de la extrema derecha— evidencia cómo se legitima el vigilantismo. Se promueve la idea de que el ciudadano de bien debe armarse y ejercer la justicia por mano propia para defender la propiedad privada, mientras el Estado reserva el monopolio del castigo para el pobre y el disidente.

En el plano cultural e ideológico, la provocación permanente busca acostumbrar a la sociedad a la violencia política estadal, mientras al contempo criminaliza cualquier tipo de oposición popular de izquierda, tildándola de «terrorista» y alcanzando en esto los delirios anticomunistas de Marco Rubio.  El reciente vídeo del eurodiputado de extrema derecha, Roberto Vannacci, disfrazado de emperador romano e incitando abiertamente a la eliminación física o simbólica de la oposición, trasciende la mera bufonada digital.

Es la pedagogía de la barbarie: la banalización del discurso de odio camuflada de «irreverencia contra el politicamente correcto». Al disfrazar la apología del fascismo y la violencia política de actuación grotesca o meme, la extrema derecha busca normalizar lo inaceptable y medir los límites de la permisividad democrática.

Esta degradación interna del Estado italiano tiene su correlato directo en la geopolítica imperial y en la complicidad con el proyecto sionista. Las islas de Sicilia y Cerdeña sufren hoy una doble agresión: por un lado, la servidumbre militar que cede territorio, puertos y espacio aéreo para las operaciones del régimen sionista y la OTAN; por el otro, un proceso de «robo de tierras larvado» y especulación inmobiliaria.

Sardegna y Sicilia se están convirtiendo en el patio de recreo y descanso para los perpetradores del genocidio contra el pueblo palestino. Mientras la población local enfrenta el desempleo, el desmantelamiento de los servicios públicos y la devastación ambiental, el gran capital transnacional y las élites sionistas compran franjas costeras para sus vacaciones de lujo. Un turismo extractivista y colonial que pretende hacer olvidar los crímenes de guerra cometidos en Gaza y Cisjordania, utilizando el suelo italiano como santuario de impunidad.

Lo que ocurre en Italia no es una disfunción del sistema, sino la aceleración de una crisis estructural. Cuando la democracia burguesa ya no puede garantizar la tasa de ganancia del capitalismo ni contener el descontento de las mayorías mediante el consenso, apela al viejo arsenal del fascismo: militarización de los territorios, impunidad policial, racismo de Estado y alineamiento automático con los dictámenes de Washington y Tel Aviv.

Frente a este escenario, la tarea de la comunicación popular y del bloque antimperialista es nombrar las cosas por su nombre: no se trata de «crisis de gobernabilidad», sino de la descomposición deliberada de las libertades a favor del gran capital. Y ante la doctrina del miedo, la única respuesta posible sigue siendo la organización y la solidaridad internacionalista de los pueblos.

*Roma, Italia

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