El Palacio de Justicia de Caracas se convirtió en el epicentro de la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, al congregar a juezas, jueces, secretarias, secretarios y alguaciles de los circuitos judiciales penales del Área Metropolitana de la capital y de los estados Miranda y La Guaira, quienes aportaron ideas, experiencias y propuestas técnicas en diversas mesas de trabajo orientadas a la reestructuración del sistema de justicia procesal.
Durante la actividad, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, afirmó que este momento representa una gran oportunidad para adelantar una revisión a fondo de lo que es la realidad de la justicia, centrada esta vez en el ámbito penal, pero que constituye también una oportunidad para revisar todo el sistema judicial.
Asimismo, enfatizó que todo esfuerzo pensado para hacer más eficiente la administración judicial debe pasar siempre por tomar en cuenta el factor humano. «Es una invitación a la autorrevisión, a la autocrítica, a la posibilidad de poder corregir, de repotenciarnos, crear nuevas posibilidades y alternativas frente a una de las funciones más importantes, y quizá una de las más complejas, como es el de impartir justicia», destacó.
Por su parte, el fiscal general de la República, Larry Devoe, indicó que en este proceso participan funcionarios del sistema de justicia, universidades, organizaciones de derechos humanos, sectores académicos y diversas personalidades que han trabajado con la justicia penal. «No elaboramos políticas públicas a puertas cerradas, sino escuchando a los interesados», enfatizó.
En ese sentido, explicó que para hacer un diagnóstico que transforme tiene que haber un debate abierto y franco, «donde pongamos el acento en lo que debemos fortalecer y en donde tenemos desafíos y retos. Queremos un diagnóstico real que nos permita identificar los problemas y plantear sus respectivas soluciones».
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