En el marco de las acciones orientadas a la estabilización política y social del país, el Ejecutivo Nacional anunció que el próximo lunes 1° de junio arrancará la Gran Consulta Nacional por la reforma a la justicia penal .
La presidenta explicó que este proceso buscará definir las líneas gruesas de la proyección del sistema judicial, así como atender de manera prioritaria nudos críticos como el retardo procesal y la corrupción judicial.
La Presidenta Encargada considera que este anuncio se produce «en un momento duro para la justicia», dijo, por lo que distintas instancias del Estado venezolano coordinan esfuerzos en esta dirección. Para el desarrollo de estas tareas, se trabaja en conjunto con la Comisión de la Revolución Judicial y las autoridades del Ministerio Público, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Diagnóstico, atención de casos y balances.
Además de la consulta nacional, en el evento las autoridades hicieron seguimiento a los avances del Programa de Convivencia Democrática y Paz , el cual ha recibido procesos de diagnóstico con diversos sectores de la sociedad que han presentado formalmente sus casos, generando resultados tangibles.
Durante el balance de la gestión judicial, se detallaron los procesos que atañen tanto a la aplicación de la Ley de Amnistía como a las revisiones complementarias iniciadas desde principios de año:
- Fase inicial: Se registraron 885 excarcelaciones previas al marco de la amnistía.
- Proceso complementario: A través de la Comisión de Revolución Judicial, el Programa de Convivencia y consultas con universidades y organizaciones no gubernamentales, se tramitó la liberación de personas cuyos casos no se enmarcaban en los beneficios directos de la referida ley.
- Resultados recientes: Este trabajo conjunto ha sumado hasta el momento 395 liberaciones, y las autoridades estiman superar las 500 excarcelaciones en las próximas horas.
La presidenta encargada instó al Programa de Convivencia Democrática y Paz a concentrar sus funciones en esta materia y solicitó el apoyo técnico de especialistas y expertos en el área, haciendo mención a la profesora Ana María Sanjuán.
El objetivo planteado por el Estado es evaluar la totalidad del circuito de justicia penal en Venezuela. Esto abarca desde la actuación de los cuerpos policiales y los derechos del ciudadano, pasando por los órganos de instrucción penal, hasta el funcionamiento del sistema judicial propiamente dicho y sus respectivos resultados.