Tras una tensa jornada marcada por protestas, el Senado de Argentina dio luz verde a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La normativa que busca impulsar la privatización y limitar la intervención estatal fue aprobada en una ajustada votación de 36 votos a favor y 36 en contra, con el desempate favorable de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
“La violencia que se generó alrededor del Parlamento en la tarde del miércoles, con enfrentamientos entre las Fuerzas federales de Seguridad y un grupo de manifestantes desgajado del grueso de la movilización, eclipsó el debate en el plenario, que se extendió por más de 12 horas, y que ahora continuará con la votación título por título”, reseña Sputnik News.
Cabe destacar que la iniciativa no logró incluir la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino ni Radio Televisión Argentina, como se pretendía inicialmente.
Sólo podrán pasar a manos privadas Energía Argentina, que cubre toda la cadena de valor vinculada con la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de los hidrocarburos, e Intercargo, que brinda en las terminales aeroportuarias los servicios en tierra, rampas y puentes de acceso.
De igual forma seran privatizadas de manera parcial o ser concesionadas Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargas, que opera los servicios ferroviarios de tres líneas; Corredores Viales, que gestiona la infraestructura y el tránsito de las carreteras, autopistas y autovías concesionadas, y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), que presta servicios ferroviarios con distintos ramales a su cargo.
En paralelo, el Gobierno de Milei aceptó cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros durante 30 años para atraer proyectos que superen los 200 millones de dólares.
En concreto, se acotó su alcance a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología, y se estableció el requisito de contratar proveedores locales por una cantidad equivalente, al menos, al 20% de la inversión realizada.