El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la decisión sobre quién debe gobernar Venezuela le corresponde únicamente a ese país, y no es asunto de ninguna nación extranjera, en una contundente respuesta a la política opositora María Corina Machado.
En una interacción en su cuenta de X, el mandatario le respondió a Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, que «no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela». Del mismo modo, aseveró que es competencia de los ciudadanos de ese país «llegar a un acuerdo político para que cese la violencia» y se establezca un mecanismo de escrutinio «con garantías para todos».
Con esta publicación, Petro ripostó la publicación de Machado, cuyo delfín en el proceso electoral fue el candidato Edmundo González —quien quedó en segundo lugar en los comicios presidenciales del pasado domingo—, de acuerdo al 80 % del escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE).
No es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela.
Es a las venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con… https://t.co/54S6Hs5nfN
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 1, 2024
Machado aseveró en sus redes que el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, había cerrado su intervención diciendo que debían conocerse «todas las actas» del proceso electoral venezolano, que debían «ser auditadas por el mundo entero» y que prevalecieran las «garantías para todos los sectores» para así «despejar dudas sobre el escrutinio».
Sin embargo, omitió que el canciller colombiano pidió «respetar siempre la autonomía de los países» y «mantener un diálogo entre las partes para evitar la violencia en las calles».
Las razones de Colombia en la OEA
Previamente, el Gobierno de Colombia dejó claras las razones de su abstención en el proyecto de resolución presentado el miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Venezuela.
Mediante un comunicado, la cancillería colombiana destacó que Venezuela no forma parte de la OEA desde el año 2019, por lo estimó que ese no era el escenario adecuado para dirimir ninguno de sus asuntos internos.
Por otro lado, recalcó que la posición del presidente colombiano, Gustavo Petro, es la de abogar por el diálogo y el entendimiento entre las partes en conflicto para evitar una escalada violenta. En esa línea, Bogotá insiste en pedir a Caracas «un escrutinio transparente, el conteo de los votos y una veeduría internacional sobre las actas y los resultados finales sobre el proceso electoral».
El mismo miércoles por la tarde, Maduro aseveró que mantenía un «buen nivel de diálogo» con su par colombiano, a quien le explicó en detalle la situación que siguió tras los comicios presidenciales del pasado domingo, en los que le fue acreditada la victoria aunque sin el reconocimiento de un sector de la oposición.
Aseguró asimismo que si bien su administración no se mete «en los asuntos de nadie» y reclama el mismo trato, sí agradece «todas las cooperaciones de todos los que tengan posibilidad de cooperar con la paz de Venezuela».
Tras el desconocimiento de la oposición de los resultados electorales y los focos de violencia generados por grupos de choque, el presidente de Venezuela y candidato reelecto, Nicolás Maduro, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 31 de julio.
El mandatario demandó que se certifique, haciendo un peritaje, los resultados de las elecciones del 28 de julio y solicitó al máximo órgano de Justicia que «se avoque a dirimir el ataque contra el proceso electoral y el intento de golpe de Estado» y que «aclare todo lo que haya que aclarar».
El Presidente Maduro pidió que todos los candidatos que participaron en la contienda, incluyéndolo a él, sean citados por el máximo tribunal y que se coteje la agresión a centros electorales, sedes regionales del CNE y el ataque cibernético contra el sistema electoral.